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June, 2013
 
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  Se acabaron los bonos chilenos:
los inversores argentinos buscan alternativas de inversión eficientes desde el punto de vista fiscal
 
     
  El 29 de junio de 2012 se puso fin al convenio entre Argentina y Chile, vigente desde 1976 y ratificado por la ley 23.228 a finales de 1985, para evitar la doble imposición sobre los ingresos y la plusvalía. Así pues, se pone fin a una interesante opción de planificación fiscal ampliamente utilizada por los contribuyentes argentinos.

Hasta hace poco, en Argentina no se gravaba ningún impuesto sobre los ingresos procedentes de inversiones en bonos públicos o privados chilenos. Según el DTA, los ingresos y la plusvalía derivados de dichos bonos chilenos estaban exentos del impuesto sobre la renta en Argentina. Además, el convenio eximía al titular de los bonos chilenos del impuesto sobre activos personales argentino.

Dada su excelente calificación del riesgo, estos bonos representaban una oportunidad única, muy conocida entre los inversores argentinos.

No obstante, los inversores argentinos abusaban a veces de esta oportunidad, pues cambiaban la mayoría de sus inversiones a bonos chilenos justo antes de que acabara el año para poder declarar las inversiones libres de impuestos en sus declaraciones de la renta y, después, a principios del año siguiente, desinvertían los bonos en inversiones más rentables. Esta práctica fue una de las principales razones por las que el gobierno argentino decidió poner fin al convenio.

Ahora que el convenio ya no está en vigor, a partir del 1 de enero de 2013, Argentina puede cobrar un impuesto sobre activos del 1,25% sobre el valor de los bonos y un impuesto sobre la renta del 35% aplicable a los intereses pagados y a las plusvalías una vez efectuada la venta de dichos bonos.

A consecuencia de esto, los inversores argentinos están buscando ahora nuevas oportunidades de inversión en activos seguros de una manera que resulte fiscalmente ventajosa. Una de las pocas opciones que les queda a los ciudadanos argentinos de invertir fuera del país con unos beneficios similares consiste en colocar sus activos en una estructura de fideicomiso extranjero.

Por lo general, el vehículo de inversión consiste en una sociedad extranjera de una jurisdicción que no se encuentre en la lista negra, como los Países Bajos o el Reino Unido, en la que se colocan los activos extranjeros, que a menudo suelen ser cuentas bancarias o bienes inmuebles. Como las sociedades se gravan a nivel de los socios, no se aplica ningún impuesto a los beneficios obtenidos a nivel de sociedad. Otra opción consiste en utilizar sociedades limitadas de Singapur o Reino Unido.

El socio administrador se queda, por lo general, con una mínima parte de las participaciones y puede ser un individuo o una entidad jurídica, que no están sujetos a impuestos (por ejemplo, una fundación de los Países Bajos).

La mayor parte de las participaciones está en manos del fideicomisario de un fideicomiso conforme a las leyes de una jurisdicción no incluida en la lista negra, y puede ser un fideicomiso de Nueva Zelanda, Singapur o Reino Unido.

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Si se estructuran correctamente, los ingresos derivados de los activos incluidos en el fideicomiso no están sujetos a impuestos en la jurisdicción del fideicomisario. Con la estructura adecuada, el fideicomisario también puede ser considerado como el propietario legal, lo que significa que al fideicomitente no se le gravarán impuestos sobre la renta ni sobre activos personales por dichos activos o ingresos. En este sentido, el caso Eurnekian ha puesto de manifiesto la importancia de establecer y gestionar un fideicomiso de la forma adecuada. La decisión tomada en dicha causa confirma que, desde el punto de vista de los tribunales argentinos, el fideicomiso debe ser discrecional e irrevocable. Esto significa que el fideicomitente debe conceder el control y la propiedad de los activos al traspasarlos a un fideicomisario independiente, y que la posibilidad de cancelar el acuerdo mediante revocación se interpreta como un control excesivo por parte del fideicomitente.

Aunque a muchos clientes les preocupa esta pérdida de control directo sobre sus activos, la decisión no deja lugar a dudas de que es necesario conceder el control directo para garantizar una completa protección jurídica de la estructura en Argentina.

No obstante, existen diversos mecanismos que limitan el amplio poder de los fideicomisarios sin poner en peligro la funcionalidad de la estructura, lo que confiere una mayor tranquilidad a los clientes, por ejemplo, se puede nombrar a un protector o un fideicomisario administrador y se pueden involucrar a asesores de confianza, como banqueros. Las cartas de deseos también pueden limitar el poder de un fideicomisario. Aunque sean irrevocables, los fideicomisos se pueden finalizar a petición de los beneficiarios si los activos se van a distribuir entre ellos.

En caso de disputa entre el fideicomisario y los beneficiarios (por ejemplo, cuando un fideicomisario parece estar infringiendo sus obligaciones fiduciarias), los avanzados sistemas jurídicos y la extensa jurisprudencia en países como Reino Unido o Nueva Zelanda aportan seguridad jurídica.

Se debe prestar especial atención al elegir las entidades jurídicas incluidas en la estructura, ya que este aspecto resulta crucial para evitar aquellas jurisdicciones incluidas en la lista negra en Argentina (Decreto 1037/00). No obstante, la elección de entidades de jurisdicciones como Nueva Zelanda, Singapur o Reino Unido no implica que se pierdan las ventajas de planificación de sucesiones, confidencialidad o protección de activos ni la eficiencia fiscal de la estructura. También se puede utilizar una fundación neerlandesa (stichting administratiekantoor) en lugar de un fideicomiso, o la combinación de ambos.

Así pues, queda patente que con una estructura correcta y la adecuada gestión de la misma, existen posibilidades de aplazar los impuestos en activos colocados en una estructura de fideicomiso. Como es obvio, una vez que los beneficiarios reciben los activos (o parte de los mismos) en Argentina, están sujetos a impuestos pero, hasta entonces, se pueden invertir sin estar sometidos a deducciones fiscales anuales. De hecho, esta opción es similar a la inversión en bonos chilenos, aunque con una mayor flexibilidad de inversión de los activos en la estructura.

Existen tres aspectos importantes que los residentes argentinos deben considerar al establecer un fideicomiso en Nueva Zelanda:
  1. Normas de sucesión forzosa de Argentina: Según las leyes de sucesión argentinas, el testador puede disponer libremente de solo el 20% de sus activos, mientras que el resto debe ir a su familia siguiendo el reparto establecido. En caso de que dicho reparto no se cumpla, los herederos legales desfavorecidos pueden demandar a los beneficiarios del fideicomiso en los tribunales argentinos a fin de conseguir las participaciones que les correspondan. No obstante, los activos de un fideicomiso de Nueva Zelanda o Reino Unido están regulados por el derecho consuetudinario local, que no incluye disposiciones de sucesión forzosa.
  2. Impuesto sobre donaciones: se introdujo un impuesto sobre sucesiones y donaciones de entre el 4% y el 17,92% para los activos ubicados en la provincia de Buenos Aires. Este impuesto debía pagarse en el momento del fallecimiento del propietario de los activos o a la hora de transferir dichos activos al fideicomiso. La aplicación de este impuesto se amplió a los activos de los residentes en la provincia. Los fideicomitentes argentinos debían ser conscientes de este avance, especialmente porque los gobiernos de otras provincias podrían introducir impuestos similares. Si los activos son propiedad de una estructura de fideicomiso extranjero antes de la introducción de un impuesto, éste no se podrá aplicar a esos activos en concreto.
  3. El gobierno argentino reiteró hace poco que asumiría un papel activo en conseguir una mayor transparencia fiscal, y que tiene intención de seguir firmando convenios internacionales para intercambiar información y participar en las decisiones gubernamentales estratégicas a fin de combatir el fraude y la evasión fiscal (comunicado de la AFIP N º. 2622). Estas acciones van en la misma dirección que el enfoque adoptado por la mayoría de gobiernos del mundo, que están presionando a los centros financieros mundiales para obtener una mayor transparencia, y que ha originado la firma de cientos de convenios internacionales a fin de intercambiar información en los últimos años.
Al hilo de los avances actuales, a los fideicomitentes argentinos se les aconseja que consideren sus necesidades de estructuras lo antes posible. Al hacerlo, deben tener en cuenta el Decreto 1037/00. Las sencillas soluciones basadas en entidades incluidas en la lista negra, que antes usaban algunas familias argentinas, no suelen servir como una herramienta de planificación fiscal adecuada. Además, el incumplimiento de la declaración de activos puede constituir un delito con graves consecuencias penales.

Por lo tanto, hoy en día, la mayoría de los clientes prefieren estructurar sus asuntos de una forma más sofisticada, que esté en línea con los avances actuales y eviten entidades en paraísos fiscales. Si bien muchas jurisdicciones que ofrecen fundaciones con beneficios fiscales figuran en la lista negra, existen otras jurisdicciones de fideicomisos que no lo están y que proporcionan a los clientes herramientas para proteger los activos de forma segura, así como una planificación de sucesión flexible y ciertos beneficios fiscales. Estas sofisticadas estructuras de planificación del patrimonio permiten proteger a los clientes y a sus familias en el cambiante entorno sin exponerlos a riesgos jurídicos personales innecesarios.
 
     
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  Marcelo Telleria
Sales Manager

Amicorp Argentina (Buenos Aires)
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El presente documento se ha elaborado exclusivamente para fines informativos. Amicorp Group no proporciona asesoramiento fiscal o legal a sus clientes. Las opiniones contenidas en el presente documento en ningún caso deberán ser entendidas o interpretadas como asesoramiento proporcionado por Amicorp Group.